Contenido
R.G. Hotels, Inc. constituyó un conglomerado enfocado en el desarrollo de iniciativas turísticas, hoteleras y de bienes raíces en Panamá, con especial atención en los sectores de Coronado y Playa Blanca. Sus operaciones abarcaron el ámbito de los complejos residenciales, las instalaciones de hostelería y diversas propuestas de inversión.
Entre las compañías vinculadas figuraba Casa de Campo Farallón, S.A. El consorcio había sido promovido inicialmente por el empresario Rugiere Gálvez Marcucci.
Para financiar sus actividades recurrió, entre otros mecanismos, al mercado de valores panameño. La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó en 2012 una emisión de bonos corporativos de 15 millones de dólares y otra de valores comerciales negociables por 15 millones adicionales.
El sistema posibilitaba la captación de capitales de inversores mediante la promesa de futuros abonos, los cuales se hallaban avalados por las garantías fijadas en las emisiones.
Sin embargo, la multiplicación de los compromisos, los apuros económicos y las fallas en la entrega de datos al ente regulador complicaron el panorama del conglomerado.
¿En qué año quebró y cómo ocurrió?
La quiebra judicial se dictó el 21 de octubre de 2015, fecha en que el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Coclé, bajo la dirección del juez Manuel Jesús Corrales Hidalgo, declaró en quiebra a R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón.
Una de las características más controvertidas fue que la quiebra se declaró con efecto retroactivo al 31 de julio de 2012.
Esto significaba que el tribunal consideró una fecha de cesación de pagos anterior a operaciones financieras y comerciales realizadas posteriormente. La decisión produjo importantes controversias sobre la situación de los acreedores y la validez o eficacia de determinadas garantías.
En noviembre de 2014, una nueva estructura inversionista había tomado el control accionario de R.G. Hotels. En septiembre de 2015 se promovió la quiebra voluntaria de las sociedades involucradas.
Para agosto de 2016, los medios informaban sobre compromisos acumulados que ascendían a por lo menos 65 millones de dólares, tomando en cuenta diversas obligaciones. Dicha crisis afectó a entidades bancarias, compradores de valores, proveedores y particulares que habían comprado apartamentos dentro de los proyectos inmobiliarios.
Procesos judiciales y fallos
El caso R.G. Hotels dio lugar a múltiples procedimientos judiciales centrados en la quiebra, la recuperación de créditos y las garantías de los inversores.
Uno de los mayores conflictos surgió en relación con los fideicomisos que garantizaban las emisiones de valores. En su papel de fiduciaria, ABS Trust recurrió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que el proceso de quiebra fuera trasladado a un tribunal ubicado en la ciudad de Panamá.
También existieron controversias sobre la participación de acreedores en el concurso y sobre las actuaciones destinadas a recuperar bienes hipotecados.
En enero de 2016, la Sala Tercera de la Corte Suprema desestimó una petición para suspender una subasta judicial vinculada a deudas contraídas con la Caja de Ahorros. Dicho fallo se enmarcó dentro de la disputa por impago, si bien no constituyó una sentencia de índole penal por la quiebra.
El litigio se prolongó durante varios años. Hacia febrero de 2024, se dio a conocer que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales había establecido una audiencia preliminar para media docena de personas investigadas en la supuesta adquisición fraudulenta del hotel Wyndham Grand Playa Blanca, un caso vinculado directamente al grupo empresarial.
Las fuentes consultadas no permiten confirmar la existencia de una sentencia penal condenatoria firme derivada de dicho procedimiento. En consecuencia, no resultaría acertado aseverar que los seis individuos encausados hayan recibido una condena.
¿Se pactó un acuerdo de pago con los acreedores?
En la tramitación del proceso se habilitaron diferentes fórmulas de garantía, reclamaciones y diligencias orientadas a la recuperación de activos; no obstante, tales actuaciones no equivalen a un entendimiento o convenio de pago global.
Durante 2016, los acreedores seguían lidiando con obstáculos considerables para hacer valer sus derechos. La condición legal de los inmuebles, las demandas pendientes y el procedimiento concursal obstaculizaban la enajenación de los bienes o su aprovechamiento para recuperar el capital aportado.
Tampoco se ha identificado un convenio definitivo y público que haya resuelto la totalidad de las deudas del grupo.
R.G. Hotels en cifras y fechas
| Dato | Información |
| Empresa | R.G. Hotels, Inc. y Casa de Campo Farallón, S.A. |
| Sector económico | Turismo, hotelería y desarrollo inmobiliario |
| Año de quiebra | 2015 |
| Fecha de declaración | 21 de octubre de 2015 |
| Fecha retroactiva fijada | 31 de julio de 2012 |
| Tribunal | Juzgado Primero Civil de Coclé |
| Emisiones autorizadas | US$30 millones en bonos y valores comerciales |
| Compromisos reportados | Al menos US$65 millones en 2016 |
| Acreedores afectados | Bancos, inversionistas, proveedores y otros |
| Juicios | Procesos civiles, actuaciones ante la Corte Suprema y una investigación penal relacionada |
| Condenas penales | No verificadas en las fuentes consultadas |
| Acuerdo definitivo | No se identificó uno que resolviera todas las obligaciones |
La quiebra de R.G. Hotels dejó al descubierto los peligros inherentes al financiamiento de iniciativas turísticas e inmobiliarias a través de créditos bancarios y emisiones bursátiles.
La resolución de fijar una fecha de bancarrota con carácter retroactivo generó disputas en torno a las garantías y las prerrogativas de los acreedores. Asimismo, este asunto evidenció que las consecuencias de una situación de insolvencia alcanzan mucho más allá del ámbito de los accionistas, impactando de igual modo a inversores, adquirientes de viviendas y suministradores.
El caso de R.G. Hotels muestra hasta qué punto puede complicarse una quiebra cuando intervienen muchas sociedades, inmuebles, fideicomisos e instrumentos financieros.


