Contenido
Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., cuya denominación también corresponde a ICA Panamá, constituyó una empresa enfocada en labores de construcción e ingeniería, la cual formaba parte del conglomerado mexicano ICA, destacado por su intervención en obras de infraestructura.
La operativa de esta clase de compañías exige la contratación de colaboradores, subcontratistas, especialistas y personal técnico. Por otro lado, las iniciativas de edificación suelen implicar compromisos económicos considerables y litigios en torno a los abonos vinculados a las labores ejecutadas.
Fue en ese marco donde la sociedad panameña afrontó una reclamación judicial de Santor Ingeniería & Construcción, S.A.
A diferencia de situaciones como Fotokina o R.G. Hotels, donde se arrastraban cuantiosos compromisos financieros repartidos entre múltiples acreedores bancarios e inversionistas, el proceso de quiebra de ICA Panamá arrancó a raíz de un compromiso comercial puntual.
Esto constituye un rasgo relevante del caso, ya que evidencia de qué manera la inobservancia de un deber concreto es capaz de desencadenar un litigio con repercusiones para todo un conglomerado corporativo.
¿En qué año quebró y de qué manera ocurrió?
El 22 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto No. 1302, por medio del cual se decretó la quiebra provisional de Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., un fallo calificado dentro del propio documento en calidad de «por ahora».
La decisión se produjo a raíz de una demanda presentada por Santor Ingeniería & Construcción, S.A., que reclamaba el pago de una obligación derivada de una actividad comercial.
Sobre el monto hay dos datos distintos. La prensa de agosto de 2016 mencionó B/.69,244.20 y una resolución posterior de la Corte Suprema de Justicia reseñó una pretensión de B/.79,204; ante esa diferencia, ninguna de las dos cifras debe presentarse como definitiva.
El tribunal basó su resolución en preceptos del Código de Comercio referidos a la facultad de declarar la quiebra de compañías que desatienden compromisos comerciales líquidos y exigibles.
La decisión judicial contempló el embargo y depósito de bienes, documentos y cuentas bancarias de la sociedad, así como el emplazamiento de los acreedores interesados en participar en el procedimiento.
No obstante, el asunto experimentó un giro posterior que alteró profundamente el escenario judicial.
Lo que pasó en los tribunales
El conflicto judicial de ICA Panamá no concluyó con la sentencia inicial de quiebra.
El 30 de agosto de 2016, tan solo ocho días después del fallo inicial, el Juzgado Séptimo Civil emitió el Auto No. 1377, por medio del cual aceptó el desistimiento de la solicitud de quiebra promovida por Santor Ingeniería & Construcción.
Este desistimiento representó un hecho fundamental: la empresa que había promovido la demanda decidió no continuar con su pretensión en los términos originalmente planteados.
Posteriormente, otras sociedades, entre ellas Constructora Meco, S.A. y Riosol Inversionistas, S.A., comparecieron para reclamar derechos como acreedores.
De acuerdo con el expediente judicial, esas empresas invocaban obligaciones reconocidas en un laudo arbitral de febrero de 2016. Los montos referidos eran US$680,661.93 para Constructora Meco y US$120,116.81 para Riosol Inversionistas.
El 8 de septiembre de 2016, a través del Auto No. 1468, el Juzgado Séptimo trató de corregir su decisión anterior y dejó sin efecto la orden de archivo que acompañaba la admisión del desistimiento.
Esta intervención impulsó un recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por los apoderados judiciales de ICA Panamá.
El 17 de noviembre de 2016, el Primer Tribunal Superior otorgó el amparo tras estimar que se había producido una conculcación del debido proceso.
Más tarde, exactamente el 10 de mayo de 2017, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó dicho fallo. El tribunal estimó que el juez carecía de respaldo legal para alterar por iniciativa propia el auto con el que se había aceptado el desistimiento bajo el escenario planteado.
Por lo tanto, la salvaguarda de rango constitucional concedida a ICA Panamá ante el Auto No. 1468 fue ratificada por la Corte.
Este resultado cobra especial relevancia: no resultaría exacto asegurar de forma tajante que ICA Panamá se fue a la quiebra de manera definitiva en agosto de 2016 ni que todas las consecuencias de dicho fallo se mantuvieron intactas. Hubo un pronunciamiento de bancarrota al principio, pero también se aceptó un desistimiento y, más adelante, se emitió un fallo constitucional que favoreció a la empresa.
La sentencia de 2017 constituye un fallo judicial que ratifica el amparo, alejándose de ser una sanción de índole penal dirigida a los directivos de ICA Panamá.
Acreedores de ICA Panamá: ¿hubo acuerdo?
Aquí se registró la retirada de la demanda por parte del acreedor que había impulsado el proceso.
Sin embargo, el desistimiento no equivale obligatoriamente a una conciliación económica. La elección de dar marcha atrás a una demanda responde a múltiples motivos, por lo que resulta indispensable aportar pruebas documentales que certifiquen la existencia de un pacto financiero.
Los expedientes de los tribunales constatan que Santor Ingeniería & Construcción retiró su demanda, aunque no consiguen confirmar con absoluta seguridad si la totalidad de los pasivos de ICA Panamá fueron saldados o perdonados.
Además, la intervención de otros acreedores pone de manifiesto que había reclamaciones diferentes a la que motivó la petición original de quiebra.
Por consiguiente, el desenlace registrado tuvo un carácter netamente procesal: la aceptación del abandono de la acción y la subsiguiente actuación de los jueces con el fin de precisar las consecuencias de las medidas implementadas.
ICA Panamá: ficha del caso
| Dato | Información |
| Empresa | Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. |
| Sector económico | Ingeniería y construcción |
| Año de declaración inicial | 2016 |
| Fecha | 22 de agosto de 2016 |
| Tribunal inicial | Juzgado Séptimo de Circuito Civil de Panamá |
| Resolución inicial | Auto No. 1302 |
| Acreedor demandante | Santor Ingeniería & Construcción, S.A. |
| Monto reclamado | Aproximadamente B/.69,244 o B/.79,204, según la fuente |
| Otros acreedores comparecientes | Constructora Meco y Riosol Inversionistas, entre otros |
| Desistimiento | Admitido el 30 de agosto de 2016 |
| Amparo constitucional | Concedido en noviembre de 2016 |
| Decisión de la Corte Suprema | 10 de mayo de 2017 |
| Resultado judicial destacado | Confirmación del amparo favorable a ICA Panamá |
| Condena penal por quiebra | No identificada en el expediente consultado |
| Acuerdo de pago | No se pudo verificar un convenio general |
El caso de Ingenieros Civiles Asociados Panamá demuestra que una declaración de quiebra no siempre representa el final de un proceso empresarial o judicial. También evidencia la importancia del debido proceso y de las garantías constitucionales cuando existen controversias entre una sociedad y sus acreedores.
A diferencia de otros casos analizados, ICA Panamá consiguió un fallo constitucional favorable ante una resolución judicial que pretendía alterar el alcance de un desistimiento previamente aceptado.
Este supuesto resulta de gran utilidad para examinar el vínculo existente entre la normativa mercantil en materia concursal, las prerrogativas de los acreedores y las salvaguardas procesales de las compañías.


